LA PRISIÓN PROVISIONAL

La prisión provisional es una de las medidas cautelares PERSONALES que regula la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus artículos del 502 al 519 y consiste en el ingreso en un Centro penitenciario de una persona para asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la pena. La prisión provisional puede ser decretada por el Juez Instructor o por el Juez de lo penal o Tribunal que conoce de la causa mediante Auto, motivado en todo caso.

No vamos a entrar en los requisitos exigidos para poder decretar la prisión provisional, establecidos el artº 503 de la Lecrim, pero sí es conveniente resaltar los dos casos en que la Lecrim prohíbe la aplicación de esta medida cautelar (artº 502): Que el hecho no sea constitutivo de delito o que se haya cometido con causa de justificación (Cumplimiento de un deber, legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo, estado de necesidad o legítima defensa). Fuera de estos casos, pueden existir diversas razones por las que acordar la prisión provisional.

Para que el Juez o Tribunal pueda decretar la prisión provisional es NECESARIA (igual que para decretar la libertad provisional con fianza) la previa solicitud del Ministerio fiscal o alguna de las acusaciones personadas o en caso contrario el Juez o Tribunal está obligado a decretar la libertad. Para ello, el Juez o Tribunal dentro de las 72 horas siguientes en que el detenido es puesto a su disposición deberá convocar una AUDIENCIA a la que asistan el imputado (esté detenido o no) y su defensa, el Ministerio Fiscal y las Acusaciones particulares que haya. En caso de que por causa justificada no pueda celebrarse esta audiencia, el Juez puede decretar la prisión provisional, debiendo convocar nueva audiencia en las siguientes 72 horas. Contra el Auto decretando la prisión provisional se puede interponer el recurso de Reforma y el recurso de Apelación.

En los denominados “juicios rápidos” no se aplica esta normativa, sino la que viene establecida en el artº 798 de la Lecrim por el que se faculta al Juez a decretar cualquier tipo de medida cautelar sin la necesidad de la solicitud previa de las partes acusadoras; sí se pueden interponer los recursos de reforma y apelación contra el Auto por el que se adoptan medidas cautelares, pero no contra el Auto de apertura de juicio oral.

Como norma general, para decretar la prisión provisional se requiere que el preunto delito se encuentre penado por Ley con prisión igual o superior a dos años o que el imputado tuviere antecedentes penales sin cancelar. No obstante, no se tiene en cuenta la gravedad de la pena en tres supuestos: Cuando la finalidad es la protección de las víctimas especialmente las del núcleo familiar (violencia doméstica); cuando el imputado tiene antecedentes de pertenecer a bandas organizadas o de realizar actividades delictivas con habitualidad; y cuando el Juez considere que existe riesgo de fuga porque el imputado tiene en los dos últimos años al menos dos requisitorias de cualquier órgano judicial para su llamamiento y busca.

Por último recordar que aunque el artº 504, en sus puntos 2 y 3 establece unos periodos de duración máxima de la prisión provisional, en su punto 4 establece que si agotada la duración máxima de la prisión provisional se pone en libertad al imputado pero si éste incumple sus obligaciones de comparecer en el juzgado los días que tiene señalados o deja de comparecer a los llamamientos que se le hagan, el juez puede decretar para él una nueva prisión provisional.

2017-01-20T18:40:41+00:00 20 Ene, 2017|

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