La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 introduce la nueva pena de PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. Es una pena grave, sin un límite de tiempo, es decir, de duración indefinida, sin límite mínimo ni máximo establecido, que se aplica a delitos muy graves y concretos, como asesinatos con agravantes muy específicas, delitos subsiguientes a los delitos contra la libertad sexual, delitos graves de organizaciones criminales, delitos en el que el sujeto pasivo está especialmente protegido o delitos de genocidio o lesa humanidad. En concreto, el actual Código Penal contempla la prisión permanente revisable en los siguientes Artículos, modificándolos: 33, 35, 36, 70.4, 76, 78bis, 92, 140, 485, 605, 607 y 607bis.

Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, han avalado la prisión permanente revisable, son muchos los detractores de esta pena por considerar que no respeta los Artículos 10, 15.1, 17 y 25.1 de la Constitución Española. La pena de prisión permanente revisable también se contempla en legislaciones penales de países europeos tales como Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Suiza o Dinamarca.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: La suspensión significa que el penado es puesto en libertad bajo determinadas condiciones cuando se encuentre recluido durante un tiempo mínimo determinado, que oscila entre los 25 y los 35 años de prisión, dependiendo de que la pena sea por uno o varios delitos o que se trate de delitos terroristas. El Tribunal Sentenciador, cumplidos al menos 25 años, debe tomar la decisión de conceder o no la suspensión de la ejecución de la pena. En el supuesto de que acuerde que continúe en prisión deberá revisar de oficio este acuerdo cada dos años. El penado también podrá solicitar la suspensión solamente una vez al año. Una vez cumplido el tiempo de suspensión de ejecución de la pena que el Tribunal Sentenciador haya determinado (oscila entre 5 y 10 años) a contar desde que el penado es puesto en libertad.

CLASIFICACIÓN: Como todos los penados, los que lo son a prisión permanente revisable pueden ser clasificados en cualquier grado de tratamiento, siguiendo las normas generales del Reglamento penitenciario y de la Ley Orgánica General Penitenciaria, si bien para ser clasificado en tercer grado el Código Penal se establece un “periodo de seguridad” obligatorio y unas normas específicas.

TERCER GRADO: El antes citado periodo de seguridad va desde los 15 años cuando se ha cometido un solo delito a los 32 años, cuando hay concurso de delitos, teniendo en cuenta los delitos cometidos y la suma de las penas impuestas al resto de delitos.

Este tercer grado debe ser autorizado por el Tribunal Sentenciador, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, no por el Centro Directivo como sucede con el resto de penas que no son de prisión permanente revisable.

Como en el resto de penados, se exige la satisfacción de la responsabilidad civil y a los condenados por delitos relacionados con organizaciones y grupos terroristas también se les exige signos inequívocos de haber abandonado la banda o grupo terrorista y la colaboración con las autoridades.

En los supuestos de enfermos graves con padecimientos incurables y de septuagenarios, por razones de humanidad y dignidad, el Tribunal Sentenciador puede concederle el tercer grado sin exigir un periodo mínimo de cumplimiento ni de satisfacción de la responsabilidad civil, pero sí se exige que su peligrosidad sea escasa y su dificultad para delinquir.

PERMISOS: Nada establece el Código Penal sobre el disfrute d permisos extraordinarios ni salidas fin de semana a los condenados a pena de prisión permanente revisable, por lo que debemos entender que sí pueden disfrutar de estos derechos como cualquier otro penado. Tampoco hace alusión el Código Penal a la concesión de estos permisos (ordinarios o extraordinarios), por lo que se debe aplicar las normas generales existentes en la legislación penitenciaria. De todas formas, teniendo en cuenta las variables de riesgo que manejan las Juntas de Tratamiento, es francamente difícil la concesión de permisos, especialmente  ordinarios, a los condenados a pena de prisión permanente revisable.

Para la concesión de permisos ordinarios, además de las normas generales, a estos penados se le exige el cumplimiento mínimo de 8 años de condena o de 12 años en el caso de los terroristas.

LIBERTAD CONDICIONAL Y SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA: La Ley Orgánica 1/2015 ha dado un vuelco al concepto de Libertad Condicional, dejando de ser el último grado de tratamiento, como establece el Artículo 72.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, para convertirse en una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena.

Una  diferencia entre la suspensión tradicional de la suspensión de la ejecución de la pena (Artículos 80-87 Código Penal) y la actual Libertad Condicional es que la suspensión tradicional puede ser decretada antes de iniciarse el cumplimiento de la pena (cuando se acuerda en sentencia), mientras que la Libertad Condicional no puede ser acordada en la sentencia y por lo tanto debe acordarse iniciado el cumplimiento de la pena. En la interrupción tradicional no se exigen tiempo mínimo de cumplimiento, mientras que en la Libertad Condicional para la prisión permanente revisable se exige un tiempo de cumplimiento entre 25 años y 35 años, teniendo en cuenta que se haya cometido un solo delito o varios y la suma de las penas impuestas o que hayan sido cometidos por actos terroristas.

Otra diferencia es que la revocación de la suspensión tradicional es competencia del Tribunal Sentenciador, mientras que la Libertad Condicional la revoca el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Y por último también son distintos los plazos de suspensión, siendo el máximo plazo en la tradicional de 5 años y en la Libertad Condicional de 5 a 10 años.

Ambas suspensiones  de la ejecución de la pena (tradicional y Libertad Condicional en prisión permanente revisable) deben ser aprobadas en todo caso por el Juez o Tribunal Sentenciador.

REMISIÓN DE LAS PENAS SUSPENDIDAS: En este caso, remisión de la pena podemos considerarlo como que la pena se da por cumplida, es decir, se licencia definitivamente la condena por cumplimiento de la misma. En sentido literal, es un término que se emplea para referirse al hecho de que el tiempo efectivo del cumplimiento de la pena en prisión se ve “perdonado” porque el recluso ha tenido un buen comportamiento y, al mismo tiempo, ha llevado a cabo acciones para reinsertarse en la sociedad.

La remisión de las penas se refiere tanto a las penas, cuya ejecución se suspende con arreglo al Artículo 80 y siguientes como a la Libertad Condicional. La contempla nuestro vigente Código Penal en su Artículo 87.1: “Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena”.